Artículo 5 del CEDH — Derecho a la libertad y a la seguridad

Artículo 5 del CEDH — Derecho a la libertad y a la seguridad

El artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos es uno de los derechos más frecuentemente vulnerados ante el Tribunal de Estrasburgo. Garantiza a toda persona el derecho a la libertad y a la seguridad y prohíbe la detención arbitraria. Si usted o un familiar han sido privados de libertad de forma ilícita —en prisión provisional, en un centro de internamiento de extranjeros o en un establecimiento psiquiátrico—, nuestros abogados especializados en el TEDH pueden ayudarle a presentar una demanda.

¿Qué protege el artículo 5 del CEDH?

El artículo 5 protege el derecho a la libertad física —la protección frente a la detención y el arresto arbitrarios—. No prohíbe toda privación de libertad, pero la limita a seis motivos estrictamente definidos y exige que se respeten determinadas garantías procesales en cada caso. El TEDH aprecia la privación de libertad atendiendo a las circunstancias de hecho, ya se trate de prisiones, hospitales psiquiátricos, centros de internamiento de extranjeros o, cada vez más, situaciones de migrantes en el mar o en zonas fronterizas.

Los seis motivos permitidos de privación de libertad (artículo 5.1)

Una persona solo puede ser privada de libertad por alguno de los siguientes motivos, que son tasados:

• Artículo 5.1.a) — Tras una condena: reclusión legal después de una condena dictada por un tribunal competente. La privación de libertad debe derivarse directamente de la condena.
• Artículo 5.1.b) — Orden judicial u obligación legal: detención por incumplimiento de una orden judicial legítima o para asegurar el cumplimiento de una obligación prevista por la ley.
• Artículo 5.1.c) — Sospecha de delito: detención para hacer comparecer a una persona ante la autoridad judicial competente por sospecha razonable de haber cometido una infracción, o para impedir su comisión o la huida. Debe ir seguida de un control judicial rápido.
• Artículo 5.1.d) — Menores: internamiento de un menor a efectos de vigilancia educativa o para hacerlo comparecer ante la autoridad competente.
• Artículo 5.1.e) — Personas vulnerables: internamiento legal de personas con trastornos mentales, alcohólicos, toxicómanos o vagabundos, o para impedir la propagación de enfermedades contagiosas. Exige una justificación médica genuina.
• Artículo 5.1.f) — Control migratorio: detención para impedir la entrada irregular o respecto de personas contra las que esté en curso un procedimiento de expulsión o extradición.

Toda privación de libertad ajena a estos seis motivos es ilícita conforme al Convenio, con independencia de lo que permita el Derecho nacional. El Tribunal aplica una interpretación estricta y autónoma: los Estados no pueden ampliar estas categorías mediante su legislación interna.

Garantías procesales del artículo 5

El artículo 5 no se limita a acotar los motivos de la privación de libertad, sino que garantiza además una serie de derechos procesales que deben respetarse en todo caso:

Artículo 5.2 — Derecho a ser informado

Toda persona detenida debe ser informada, en el plazo más breve y en una lengua que comprenda, de los motivos de su detención y de cualquier acusación formulada contra ella. La falta de información adecuada en el momento de la detención constituye una violación autónoma del artículo 5.

Artículo 5.3 — Control judicial rápido de la prisión provisional

Toda persona detenida con arreglo al artículo 5.1.c) debe ser conducida sin dilación ante un juez y tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad durante el procedimiento. La prisión provisional no puede utilizarse como forma de castigo. El TEDH ha apreciado violaciones en numerosos asuntos en los que se mantuvo a personas privadas de libertad durante meses o años sin una justificación judicial adecuada. La duración excesiva de la prisión provisional es una de las violaciones más frecuentes del artículo 5 y sigue siendo un problema sistémico en muchos Estados del Consejo de Europa.

Artículo 5.4 — Habeas corpus: derecho a impugnar la privación de libertad

Toda persona privada de libertad tiene derecho a que un tribunal se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su privación de libertad. Es el equivalente del habeas corpus en el Convenio. El tribunal debe tener la facultad de ordenar la puesta en libertad si la detención es ilícita. El control debe estar disponible a intervalos razonables, algo especialmente importante en el internamiento psiquiátrico, donde las circunstancias pueden cambiar. Las demoras en el control judicial, o los tribunales que carecen de la facultad real de ordenar la puesta en libertad, vulneran el artículo 5.4.

Artículo 5.5 — Derecho a una indemnización

Quien haya sido privado de libertad en contra de lo dispuesto en los apartados 1 a 4 del artículo 5 tiene un derecho exigible a una indemnización. El Derecho nacional debe prever un mecanismo para obtenerla. El TEDH ha apreciado violaciones cuando los tribunales internos denegaron la indemnización o cuando el recurso era ineficaz.

¿Quién puede acudir al TEDH por el artículo 5?

Puede demandar ante el TEDH toda persona privada de libertad en contra de las disposiciones anteriores, siempre que haya agotado previamente los recursos internos, impugnando la privación de libertad ante todos los tribunales nacionales disponibles. Consulte nuestra guía sobre los criterios de admisibilidad del TEDH. Los familiares también pueden demandar en casos de desaparición o de detención no reconocida, como se estableció en Kurt c. Turquía.

Indemnización por privación de libertad ilícita

El TEDH puede conceder una satisfacción equitativa con arreglo al artículo 41 del Convenio, que comprende:

• Daño moral por la angustia, la ansiedad y la pérdida de libertad. Los importes varían considerablemente en función de la duración y de las circunstancias de la privación de libertad ilícita.
• Daño material por las pérdidas económicas causadas directamente por la privación de libertad, como la pérdida del empleo o de ingresos.
• Costas y gastos del procedimiento interno y ante el Tribunal de Estrasburgo.

El Tribunal dispone de un amplio margen de apreciación y no aplica un baremo fijo: pondera cada caso individualmente, atendiendo a la duración de la privación de libertad ilícita, la gravedad de las condiciones y las circunstancias personales del demandante.

Sentencias señeras del artículo 5

Engel y otros c. los Países Bajos (1976)

Una de las primeras grandes sentencias del artículo 5. En Engel, el Tribunal fijó los criterios para determinar qué constituye una «privación de libertad» —un test aún vigente—, distinguiendo entre las meras restricciones a la circulación y una privación de libertad plena a partir del tipo, la duración, los efectos y las modalidades de ejecución de la medida. Esta distinción sigue siendo decisiva en los casos de arresto domiciliario, toques de queda y vigilancia electrónica.

Winterwerp c. los Países Bajos (1979)

En Winterwerp, el Tribunal definió las condiciones para el internamiento legal por razón de trastorno mental (artículo 5.1.e). El Estado debe: (i) acreditar un verdadero trastorno mediante un dictamen médico objetivo; (ii) demostrar que el trastorno reviste un carácter o una gravedad que justifiquen el internamiento; y (iii) probar que la persistencia del trastorno condiciona la validez del internamiento continuado. Este triple test sigue siendo la piedra angular del internamiento psiquiátrico bajo el Convenio.

Kurt c. Turquía (1998)

Kurt c. Turquía es una sentencia de referencia sobre las desapariciones y la detención no reconocida. El Tribunal apreció una violación del artículo 5 porque las autoridades turcas no llevaban ningún registro oficial de la privación de libertad del hijo de la demandante, lo que hacía imposible impugnar su legalidad. La sentencia estableció que la detención secreta y no registrada es fundamentalmente incompatible con el artículo 5 y que los familiares de los desaparecidos pueden ser ellos mismos víctimas de una violación.

El-Masri c. la ex República Yugoslava de Macedonia (2012)

En este asunto de «entrega extraordinaria», la Gran Sala consideró que la entrega secreta del demandante a agentes de la CIA constituía una violación fundamental del artículo 5: no existía base legal para su privación de libertad, ni registro oficial, ni acceso a un tribunal. El-Masri muestra la disposición del Tribunal a aplicar el artículo 5 a toda la cadena de custodia en los programas de detención encubierta desarrollados por Estados del Consejo de Europa o con su complicidad.

Şahin Alpay c. Turquía (2018)

Este asunto se refería a la prisión provisional de un periodista al amparo de una legislación de emergencia amplia y vaga tras el intento de golpe de Estado de 2016. El Tribunal apreció una violación porque la privación de libertad carecía de una base legal suficientemente previsible, incumpliendo la exigencia de estar «prevista por la ley». Es un precedente clave para periodistas, abogados y activistas detenidos al amparo de poderes de excepción en Estados que han derogado el Convenio con arreglo al artículo 15.

Tipos de asuntos de privación de libertad que tramitamos

• Prisión provisional: duración excesiva, falta de motivación suficiente, ausencia de comparecencia rápida ante un juez, prórroga mecánica de la medida.
• Reclusión tras la condena: privación de libertad más allá de la pena legal, revocación ilícita de la libertad condicional, errores de cómputo.
• Internamiento de extranjeros y solicitantes de asilo: internamiento prolongado a la espera de expulsión o extradición, en centros inadecuados, o sin diligencia en la tramitación del alejamiento.
• Internamiento psiquiátrico: ingreso involuntario sin dictamen médico objetivo, falta de revisión a intervalos razonables, ausencia de acceso a un tribunal (artículo 5.4).
• Privación de libertad al amparo de poderes de excepción o antiterroristas: uso de leyes de redacción amplia para detener a opositores, periodistas, defensores de derechos humanos o abogados.
• Detención secreta o no reconocida: entregas extraordinarias, desapariciones forzadas, detención sin registro oficial.
• Arresto domiciliario y medidas restrictivas que, por su efecto acumulado, equivalen a una privación de libertad en el sentido del artículo 5.

Cómo pueden ayudarle nuestros abogados

• Consulta inicial gratuita: evaluamos si su asunto del artículo 5 es viable y sus probabilidades reales.
• Análisis de admisibilidad: comprobamos el agotamiento de los recursos internos y el cumplimiento del plazo de cuatro meses.
• Estrategia: identificamos los argumentos más sólidos del artículo 5 y, en su caso, las violaciones concurrentes de los artículos 3, 6 u 8.
• Redacción de la demanda conforme al Reglamento y a las orientaciones prácticas del Tribunal.
• Representación en todas las fases, incluidas las solicitudes de medidas provisionales con arreglo al artículo 39 cuando usted o un familiar sigan privados de libertad.
• Seguimiento de la ejecución de la sentencia favorable ante el Comité de Ministros.

Con frecuencia tramitamos asuntos en los que las violaciones del artículo 5 concurren con las del artículo 6 (derecho a un juicio justo), por ejemplo cuando la prisión provisional se acompaña de un proceso penal injusto. Contacte hoy con nuestros abogados para una consulta gratuita y confidencial.

Preguntas frecuentes sobre el artículo 5 del CEDH

¿Cuál es el plazo para presentar un asunto del artículo 5 ante el TEDH?

Desde el 1 de febrero de 2022, el plazo para demandar ante el TEDH es de cuatro meses desde la resolución interna definitiva (antes eran seis). El plazo empieza a correr cuando se recibe la resolución firme del tribunal interno superior competente capaz de reparar la vulneración.

¿Puedo demandar al TEDH mientras sigo privado de libertad?

Sí. Puede demandar aun cuando la privación de libertad continúe. En casos urgentes cabe solicitar medidas provisionales con arreglo al artículo 39, pidiendo al Tribunal que indique al Estado su puesta en libertad mientras examina el asunto. El Tribunal concede estas medidas de forma restrictiva en los asuntos del artículo 5, pero son posibles en circunstancias excepcionales de riesgo inminente de daño irreversible.

¿Qué significa agotar los recursos internos a efectos del artículo 5?

Debe utilizar todos los recursos disponibles y efectivos de su sistema nacional: impugnar la privación de libertad ante los tribunales, recurrir las resoluciones desfavorables y, en su caso, interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional. Los requisitos exactos dependen del ordenamiento del Estado demandado.

¿Cuánta indemnización puedo obtener por una privación de libertad ilícita?

El TEDH dispone de un amplio margen de apreciación. Los importes varían según la duración de la privación de libertad ilícita, la gravedad de las condiciones, las circunstancias personales del demandante y si se sufrieron pérdidas económicas. Nuestros abogados pueden ofrecerle una estimación realista a partir de sentencias comparables.

¿Se aplica el artículo 5 al internamiento de extranjeros?

Sí. Aunque el artículo 5.1.f) permite el internamiento a la espera de expulsión o extradición, este debe ser lícito, no arbitrario, de buena fe y no desproporcionado en su duración. El TEDH ha apreciado violaciones frente a Estados que internan a migrantes en centros saturados o inadecuados, o cuando el procedimiento de alejamiento no se tramita con la debida diligencia. El internamiento indefinido sin perspectiva real de expulsión suele vulnerar el artículo 5.

¿Listo para impugnar una privación de libertad ilícita? Presente su demanda ante el TEDH con nuestro equipo o solicite una consulta gratuita.

Recursos relacionados

• Derechos protegidos por el Convenio Europeo
• Artículo 6 — Derecho a un juicio justo
• Artículo 3 — Prohibición de la tortura
• Artículo 1 del Protocolo 1 — Derecho de propiedad
• Servicios de un abogado del TEDH

De un vistazo

Artículo 5	Libertad y seguridad
Derecho	Derecho a la libertad y a la seguridad
Tipo	Condicionado
Privación lícita solo	En los casos del artículo 5.1, letras a) a f)
Garantías esenciales	Información sin demora, control judicial rápido, juicio en plazo razonable o puesta en libertad, derecho a indemnización
Vulneraciones frecuentes	Privación de libertad ilícita o arbitraria; prisión provisional excesiva
Sentencia de referencia	Winterwerp c. los Países Bajos (1979)